Retomando nuestras indagaciones de ciudadanos comunes
y corrientes sobre la buena política después de un buen tiempo. Hoy nos
preguntamos cuál es el límite entre el interés personal y el interés público en
el quehacer cotidiano de una comunidad. Bien sabemos que en política quienes dirigen
los destinos de una sociedad, poquísimos ciudadanos se involucran en política
por puro placer o civismo, existiendo de por medio intereses personales a
futuro de todo calibre muy bien guardados en lo más íntimo de su ser.
Pues bien, aquellas motivaciones más íntimas de las
personas que deciden entrar en política activa es el motor que va a impulsar su
dedicación y desempeño a lo largo del tiempo dedicado a “servir” a la sociedad.
Hasta allí, podemos pensar que eso es normal y natural en el hombre, son sus
deseos de superación y eterna insatisfacción. Las motivaciones van desde las
más altruistas y sublimes de trabajar por el desarrollo auténtico del pueblo
hasta obtener un poder envilecido por la acumulación de ingentes cantidades de dinero
sucio proveniente de las arcas públicas, sin llegar a entender que ese dinero
público proviene del pago de impuestos al fisco por los contribuyentes de la
comunidad quienes trabajan arduamente para generar esa riqueza y que sirve para
que el Estado ofrezca servicios públicos de calidad, una vida digna y segura a los
pobladores de esa colectividad.
Muchas veces esos valores que negocian corruptos y
corrompidos se revisten de diversos tipos de maquillajes, sea en forma de
regalos, ofrendas, viajes, puestos de destaque, inmuebles, carros o dinero vivo
entregados en una variedad ingeniosa de envolturas o esquemas.
Un buen ejemplo de todo estos intereses en juego
pueden ser constatados en el más grande esquema de corrupción que está siendo
investigado actualmente en el Brasil, la operación “Lava Jato”, de la misma
forma como ocurre en casi todos los países del mundo. Las personas involucradas
en el esquema en primera instancia lo niegan y finalmente terminan justificándose
como que esas artes son lo más normal porque todos los anteriores gobiernos así
lo hicieron y no pasó nada. Hábito adquirido que corroe las estructuras morales
de una sociedad y la condena al sub desarrollo eterno. Otros que teniendo la
función y responsabilidad de control y supervisión de los gastos del tesoro se
omiten y dicen no saber nada de nada, considerándose honestos e inmaculados.
De nada o poco sirven buenos proyectos, programas
sociales u obras públicas si de por medio existen esquemas de corrupción. Eso
no justifica el daño moral que se le hace a la sociedad. El mal ejemplo
arrastra como cadena de barco. Y cuando haya sospecha e indicios de que algo
anda mal en un funcionario público, este debe ser separado del cargo
inmediatamente, hasta que demuestre lo contrario en una Corte de Justicia.
A menudo escuchamos hablar o comentar hasta el
cansancio por todos los formadores de opinión que la corrupción es una lacra de
la sociedad que debe ser erradicada, investigada y punida. Se observan grandes
esfuerzos en llegar a algunos resultados alentadores, pero conforme pasa el
tiempo cada día aparecen muchos otros casos de corrupción en diversos niveles y
estamentos del aparato estatal. Y la pregunta es, ¿Si ese esfuerzo de la Policía,
Ministerio Público y Justicia serán suficientes para erradicar la corrupción?, ¿Dispondremos
de suficientes fiscalizadores y prisiones para investigar y punir a toda esa
legión de corruptos del país?
Los políticos, sea cual fuera la ideología o el tipo
de proyecto de gobierno que ofrezcan dicen que siempre van a trabajar por el
bienestar de la sociedad, que van a reducir la pobreza y apoyar a los más
pobres y que buscarán el crecimiento social y económico del país. Su bandera de
lucha son los pobres, el nombre de ellos justifica cualquier tipo de desmán que
haga el gobernante, sin darse cuenta que al entrar en esquemas de corrupción, son a los más necesitados
que le están quitando las reales posibilidades de salir de la pobreza y
alcanzar el desarrollo pleno.
Sabemos también, que cuanto mayor el nivel intelectual
del actor político, este tiene mayor consciencia de sus actos. Y lo que llama
poderosamente la atención es que existen seguidores muy ilustrados e
intelectualizados que justifican actos evidentes de corrupción de sus líderes,
por el solo hecho de haber implantado programas de ayuda social o de haber
reivindicado los derechos de los más necesitados o marginados históricamente. Lo
que el Pueblo tiene que aprender a buscar son los motivos o intereses
escondidos de esos seguidores de gobiernos corruptos.
En todos los actos de corrupción generalmente existen
dos o tres actores, el político que toma la decisión del gasto público, un
intermediario o lobista y el empresario, quien es parte de la sociedad que
tiene que sobre valorar sus bienes o servicios para poder repasar las coimas o
propinas al funcionario público.
Entonces, ¿Qué debe de hacer el Pueblo frente a esta
situación históricamente endémica en nuestras sociedades? Esa es la gran
pregunta que todos los ciudadanos nos hacemos cuando asistimos a diario al
circo ridículo de la política en las diferentes organizaciones e instituciones
del aparato estatal. Nos referimos aquí al Pueblo y no a los políticos, porque
ellos generalmente legislarán en favor de sus más íntimos intereses.
Al tratar de responder a esa pregunta, podemos ensayar
varias actitudes que el Pueblo debería incorporar en su pensamiento político.
Valorizar el interés público o común sobre el interés personal, es decir el Interés Personal termina donde emerge el
Interés Público. Así podremos cultivar el respeto sagrado por la propiedad,
las finanzas y los asuntos públicos. Evitar al máximo la reelección de
representantes por más buenos que estos sean, la renovación es saludable para
la salud de los gobiernos. Mantenerse bien informado sobre lo que sucede en el
gobierno local y nacional, participar decididamente en política, porque su
bienestar y seguridad depende de los actos de los gobernantes y representantes que
elige. Recordar que los gobernantes y representantes son servidores del Pueblo
soberano, quien debe exigir la mayor eficiencia y probidad de los actos
públicos de sus representantes.
